Balance 2025: los cambios normativos en sanidad y asuntos sociales, y la agenda que marcará 2026

2025 deja tras de sí un año de intensa actividad regulatoria en los ámbitos de la salud pública y los asuntos sociales.

Varias de las reformas anunciadas por el Gobierno han avanzado o se han materializado, mientras que otras siguen su curso en el Parlamento o se encuentran en fase técnica. Todo apunta a que 2026 será decisivo para consolidar nuevos marcos de gobernanza, financiación y derechos sociales.

La agenda del próximo año será clave para pasar del diseño a la ejecución, donde la coordinación entre administraciones y la capacidad de gestión marcarán la diferencia.

Sin embargo, el anuncio realizado por Junts, de que bloqueará la tramitación de todas las iniciativas legislativas (en proyecto o en tramitación parlamentaria), sólo permitirá que se aprueben leyes o reales decretos ley que el gobierno pacte con el PP. Y, en cualquier caso, el Gobierno podrá seguir aprobando medidas que sólo requieran su tramitación vía real decreto y que, por tanto, no tengan que pasar por las Cortes.

Sanidad

1.        Estructuras y salud pública: bases legales consolidadas

Entre los hitos del año destaca la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que será el gran referente nacional en prevención, vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias. Se espera que su estatuto organizativo vea la luz en 2026.

También avanzan los trabajos del Sistema Estatal de Vigilancia en Salud Pública y la historia clínica interoperable, pilares para una gestión más ágil y coordinada entre comunidades autónomas.

Otros proyectos, como la regulación sobre calidad del aire interior en entornos sanitarios o el control de vectores, siguen en fase de diseño técnico.

2.        Medicamentos y productos sanitarios: avances técnicos y decisiones pendientes

Durante 2025 se movieron varias piezas clave del engranaje sanitario. Los proyectos de reales decretos sobre financiación de medicamentos, financiación selectiva de productos sanitarios y evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) completaron su fase de consulta pública, con un objetivo común claro basado en introducir criterios más homogéneos y transparentes para decidir qué productos financia el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en qué condiciones. Aunque los textos aún esperan el informe del Consejo de Estado y su aprobación final, representan un paso importante hacia un modelo más sostenible y basado en la evidencia.

También se consolidó la regulación de los productos sanitarios “in-house”, fabricados en hospitales para uso interno, que ya cuentan con herramientas operativas de la AEMPS.

Por otro lado, el anteproyecto sobre cigarrillos electrónicos y productos con nicotina protagonizó uno de los debates sanitarios del año, al plantear mayores restricciones de venta y publicidad, especialmente entre jóvenes.

3.        Profesiones sanitarias y formación: un sistema en actualización

La renovación del sistema MIR y la actualización de las especialidades médicas siguen siendo dos grandes tareas pendientes.

El nuevo Real Decreto de Formación Sanitaria Especializada y el de Especialidades en Ciencias de la Salud avanzan en fase técnica, con la vista puesta en su aprobación en 2026.

Mientras tanto, se prepara para su lanzamiento el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), como instrumento esencial para mejorar la transparencia, la movilidad y la acreditación homogénea del personal sanitario.

El conjunto de estas normas busca adaptar la formación y la práctica profesional a los retos de una sanidad cada vez más digital y multidisciplinar.

Asuntos sociales

En el ámbito social, el balance también es de progreso moderado pero sostenido. La Ley de Familias continúa su tramitación parlamentaria, mientras la reforma de la Ley de Discapacidad se acerca a su aprobación definitiva.

El Sistema Estatal de Cuidados ha iniciado su despliegue, con medidas urgentes ya aprobadas y su desarrollo reglamentario previsto para el próximo año.

Además, se han puesto en marcha las Estrategias Nacionales de Discapacidad y de Pobreza Infantil, junto con los primeros pasos del Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales (SEISS), que busca mejorar la coordinación territorial y la planificación de recursos.

A cierre de 2025, el panorama es claro: las estructuras están creadas y los marcos normativos definidos, pero muchas reformas necesitan aún el empuje final.